ESTRATEGIAS FRAUDULENTAS

No sorprenden las recientes denuncias presentadas en el Congreso sobre la posible intervención de ex funcionarios del gobierno para lograr con estrategias fraudulentas, el despojo de tierras a los campesinos en Montes de María y Urabá.

Y no sorprenden porque nosotros también hemos sido víctimas de estrategias fraudulentas gubernamentales, ya no dirigidas a despojarnos de tierras que no tenemos, sino de parte del salario que por ley nos corresponde y que constituye nuestro único patrimonio.

Una de estas dolosas estrategias fue la de expedir el decreto 107 de 1996, con el fin de establecer una escala gradual porcentual fraudulenta que no incorporó en las asignaciones básicas los valores de los porcentajes de la prima de actualización, pero que les sirvió para tratar de encubrir el incumplimiento de la ley 4ª de 1992 porque creyeron que nadie se iba a dar cuenta de semejante patraña, engañifa que aprovecharon para desviar los recursos girados durante 1996 y 1997, en un acto delictivo que aún se encuentra en la impunidad y que hemos calificado y denunciado como el GRAN PECULADO.

Cuando los transgresores se sintieron descubiertos y acorralados porque les demostramos con cálculos matemáticos que la Nivelación Salarial no se había cumplido para los grados de Teniente Coronel hacia abajo, recurrieron entonces a otra estrategia fraudulenta que fue la de inventar una burda y falsa demostración del cumplimiento de la ley 4ª con el fin de engañar a las autoridades judiciales y a quienes recibieron sentencias favorables, reconociéndoles su legítimo derecho a la reliquidación de sus asignaciones de retiro y pensiones con la incorporación de los valores de los porcentajes de la Prima de Actualización.

Con esta nueva estrategia creyeron que se iban a salvar de nuestras denuncias por FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL, delito que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía 60 con apoyo del CTI.

Otra de las estrategias que han utilizado es la de omitir en todos los comunicados oficiales la palabra nivelación y la han cambiado y/o asimilado a la Prima de Actualización para confundir a la gente con el fin de disuadir la impetración de acciones legales con fundamento en la ley 4ª de 1992.

Todas estas estrategias fraudulentas que se han esgrimido para negar arbitrariamente nuestros derechos, serán denunciadas en un debate de control político a los Directores de las Cajas de Retiro CREMIL y CASUR programado tentativamente para el próximo 13 de septiembre.

Ese día el País conocerá en detalle los “superpoderes” que se han arrogado los funcionarios de esas Entidades para desconocer flagrantemente los fallos judiciales, lo mismo que las argucias urdidas para tratar a toda costa de despojar a los miembros de la Fuerza Pública de los aumentos salariales que les concedió la ley.

Refiriéndose al despojo de tierras de los campesinos, el gobierno ha manifestado que: “quienes hayan incurrido en estrategias fraudulentas les caerá todo el peso de la ley”.

Esperamos que esa línea de conducta se mantenga hasta cuando finalicen las investigaciones que señalarán judicialmente a los culpables del despojo a que han sido sometidos los miembros de la Fuerza Pública.

Sería impensable que un hecho de esta gravedad cometido bajo la modalidad de concierto para delinquir oficial, quede en la impunidad.

No lo permitiremos.

Cordialmente,

Capitán Juan Alfonso Fierro Manrique - Presidente ANALVET

e-mail: analvetcolombia@gmail.com

Cel. 310-7091485

Dirección: Avenida Jiménez Nº 9-43 Edificio Federación Oficina 616

Bogotá (D.C) SEPTIEMBRE 02 DE 2011